Caos en el transporte urbano

Ante la negativa de los dueños del transporte público urbano de Tepic de otorgar las prestaciones sociales a las que tienen derecho los trabajadores del volante, ayer trabajadores de más de 10 rutas que operan en esta capital realizaron un paro de sus unidades en apoyo a los paristas de la ruta progreso 4 quienes desde hace 30 días exigen su inscripción al IMSS, salario mínimo profesional, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional así como la reinstalación de varios trabajadores que fueron despedidos sin justificación alguna.

Esta actitud negrera y déspota de los concesionarios del transporte urbano me recuerda a la que asumieron a principios del gobierno aliancista de Antonio Echevarría Domínguez cuando los dueños de los camiones agrupados en la Acaspen paralizaron el servicio del transporte urbano como medida de presión para que se incrementaran las tarifas.

El ex gobernador Echevarría Domínguez los enfrentó mediante un llamado a la población para que aquellos ciudadanos que disponían de un vehículo lo incorporaran a la prestación de ese servicio público y con la posibilidad de entregarle un permiso. Fue tan eficaz esa política que dobló al otrora poderoso monopolio de la Acaspen que lideraba Don Félix Torres Haro.

Hoy los protagonistas del paro son los trabajadores. Durante años fueron utilizados por sus patrones como carne de cañón y clientelismo electoral durante las campañas de los candidatos del PRI.

Como la poderosa Acaspen era uno de los brazos operativos del sector popular del PRI y sus simbiosis con el gobierno en turno los trabajadores del volante eran tratados como mercancías desechables.

Ahora con una Acaspen desmembrada los concesionarios del transporte pretenden imponer las mismas reglas del juego, esto es, explotar como mulas de trabajo a sus empleados.

Así como estos patrones negreros tienen derecho a organizarse para la defensa de sus intereses sus trabajadores tienen ese mismo derecho. De allí que hayan encolerizados y desatado una cacería de brujas en contra de los líderes del Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte en el Estado de Nayarit (SITRATEN) cuyo Secretario General es Gilberto Bañuelos Vázquez.

Tan no tienen voluntad de negociar los concesionarios las condiciones laborales con sus trabajadores que mandaron al carajo al Secretario General de Gobierno, Lic. Aníbal Montenegro quien convocó a las partes en conflicto a una mesa de negociaciones; los patrones condicionaron asistir siempre y cuando los paristas regresaran los camiones retenidos de la ruta progreso 4. Esa petición es como poner de rodillas a los paristas.

Si bien el Consejo Técnico del Transporte Público en Nayarit carece de atribuciones en materia laboral no por ello debe deslindarse del conflicto puesto que está en juego el interés de la movilidad pública en donde el usuario del transporte urbano es quien sale perjudicado.

Ante la cerrazón de los permisionarios debe prevalecer el interés público de allí la necesidad de que el Congreso del Estado reforme la Ley del Transporte Público Estatal y la adecúe a los tiempos de la pluralidad política y del respeto pleno a los Derechos Humanos, entre otros, al goce de un trabajo profesional estable, bien remunerado y con acceso a la seguridad social.

Los grandes beneficiarios del transporte urbano Carlos Saldate y Ezequiel Llamas son hoy los que monopolizan gran parte de las rutas del transporte urbano por sus relaciones turbias con los anteriores gobiernos priístas. En especial socios y protegidos por el ex fiscal Edgar Veytia durante el gobierno de Roberto Sandoval.

Los intereses millonarios provenientes de las concesiones del transporte público urbano no deben estar por encima de los derechos de sus trabajadores y de miles de usuarios que exigen un servicio de calidad, seguridad y de calidez…

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