LUZ Y SOMBRAS DE LA TRAGEDIA

 
Es probable que a una semana de los terremotos que sacudieron Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Michoacán decenas de personas quedarán insepultos bajo las toneladas de concreto y acero propiciado por los derrumbes de más de 50 edificios de viviendas, oficinas, centros escolares y de trabajo.
Día a día fuimos testigos por medio de las televisoras el esfuerzo extraordinario de cientos de rescatistas voluntarios connacionales y del extranjero por salvar cientos de vidas humanas; a su vez la ayuda en alimentos, medicinas y enseres domésticos procedentes de distintos estados del país, entre otras de Nayarit, de empresarios nacionales y del extranjero, de artistas, deportistas de fama y, sobre todo de miles de personas humildes que se solidarizaron con sus hermanos en desgracia.
Así como esta tragedia mostró el lado humano y solidario de los mexicanos mostró la mezquindad y corruptelas de nuestra clase política a excepción del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas Armadas y de la Marina y de los gobernadores de las entidades siniestradas; el resto de los políticos activos simplemente se hicieron guajes o se fueron a la cargada con fines publicitarios.
Asimismo el derrumbe de algunos edificios públicos construidos supuestamente a prueba de terremotos puso al descubierto la complicidad entre las compañías constructoras y los funcionarios de gobierno que licitan la obra pública. Fue evidente que no se cumplieron las normas de seguridad y la buena calidad de los materiales que se utilizaron en su edificación.
En contrario prevaleció el soborno, los conflictos de interés y el influyentismo en la asignación de los contratos de obra pública.
La secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República deberían abrir carpetas de investigación de quienes ponen en riesgo la seguridad de los mexicanos.
Otra de las prioridades que se deberá poner especial atención para enfrentar los resultados ocasionados por ese desastre natural; o sea, la reconstrucción de viviendas y centros escolares y oficinas públicas así como la entrega oportuna de alimentos, agua potable y sobre todo seguridad policiaca a miles de personas que sobreviven afuera de sus casas a fin de evitar el saqueo de sus viviendas siniestradas.
Que no ocurra lo que en anteriores desastres naturales cuando la reconstrucción fue tardía por los engorrosos trámites burocráticos, por la negligencia malévola de los funcionarios públicos y por las pillerías de quienes utilizaron sus puestos para apropiarse de los bienes materiales y el dinero destinados a los miles de damnificados.
Es conocido que meses después de estos desastres miles de utensilios domésticos y electrónicos aparecieron en las campañas electorales como dadivas de los candidatos a un puesto de elección popular.
Esta vez el Gobierno Federal y los estatales deberán blindar la reconstrucción y la entrega oportuna del apoyo a los miles de damnificados sobre todo a las familias pobres que lo perdieron todo…
La burocracia abogará a los ayuntamientos.-De los 20 ayuntamientos salvo el de Xalisco y Acaponeta el primer problema que enfrentaron son el incremento de plazas de bases y la deuda onerosa con los sindicatos sobre todo con el SUTSEM.
Es de usos y costumbres que el anterior alcalde en los últimos días de su gobierno basifique a sus leales empleados de confianza.
Esta es una actitud perversa. Saben que si al próximo alcalde los despide tendrá que indemnizarlos y si no logran ese propósito entonces se van a los tribunales laborales. Varios ayuntamientos entre otros el de Tepic arrastran millonarias sumas de dinero por litigios de esta naturaleza.
El Sr. Antonio Bautista Crespo líder del SITEM es de la opinión que los nuevos alcaldes cometerían otro grave error si despiden arbitrariamente a trabajadores sindicalizados. Recomiendan que lo mejor es sentarse con los líderes sindicales a revisar escrupulosamente caso por caso y si algunos de estos no cumplen con los requisitos inscritos en la ley laboral o en los órganos de control interno entonces habrá causales que justifiquen su despido. Claro eso exige voluntad política de ambos lados…
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